2012-01-20 — 12:00:00 AM — Si bien una nueva Carta Magna para la República de Panamá no es la panacea que resolvería los problemas endémicos que sufre el país, el actual gobierno ha hecho evidente la perversidad de la actual estructura de gobierno que institucionaliza la corrupción política en el país. Este es el resultado de una constitución diseñada por un régimen dictatorial, para los fines de un régimen dictatorial.
Con la Constitución de 1972 (con todas sus enmiendas posteriores), el gobierno torrijista concentró el poder y utilizó la pobreza de las mayorías como herramienta política para preservarlo, al instaurar una estructura cuasi feudal del Estado, donde el Órgano Ejecutivo disfruta la primacía del poder y tiene el potencial de subordinar los órganos Judicial y Legislativo al vasallaje.
Debido a la pobreza y desigualdad imperantes en el país, la Constitución y el Código Electoral vigentes convierten a muchos electores en protegidos de los diputados o candidatos a diputados. Esto se debe a que la Asamblea Nacional, al pasar de ser un ente compuesto por diputados nacionales, como lo disponía la Constitución de 1946, a un sistema de representación local en 1972 y de este a uno de representación proporcional en 1983, forzó a los diputados a extender dádivas, obras y favores a sus electores/clientes para mostrar su legitimidad y poder ser (re)electos.
El Presupuesto General del Estado se convierte entonces en elemento clave del sistema feudal panameño, pues, con los recursos extraídos a los contribuyentes, el presidente de la República maneja un botín mediante el cual premia la fidelidad de los diputados, políticos y empresarios vasallos y los clientes de estos, a cambio de sus votos para proyectos de interés para el grupo político del momento y los votos de los clientes de sus vasallos para las elecciones presidenciales.
Sobre la clase de diputados que este nuevo sistema produce, Humberto Ricord, en un escrito de 1985, señaló con elocuencia que el sistema aseguraba ‘la concurrencia en la Asamblea… de una gran cantidad de personas de extracción cultural ínfima, quienes solo podrían actuar como dóciles instrumentos de la autocracia militar’. Es evidente entonces que la partidocracia posinvasión no cambió la esencia del régimen anterior, además de profundizar el carácter feudal del sistema por intereses mezquinos.
Al tener el Órgano Ejecutivo la facultad de nombrar los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional (compuesta por potenciales vasallos del Ejecutivo) el rol de ratificarlos, en la práctica el Órgano Judicial no cuenta con independencia plena y sirve como salvaguarda contra procesos legales que protegen a los gobiernos de futuros procesos legales en su contra, previniendo el castigo a los actos de corrupción política y asegurando el botín repartido.
Por tanto, la presente Constitución con sus reformas era un monstruo adormecido que este gobierno no ha dudado en despertar para instaurar su dictadura civil.
¿Qué hacer? Antes de embarcarnos en otro estéril ejercicio constitucional, la sociedad panameña necesita un nuevo contrato social. Este pacto debe nacer del entendimiento por parte de quienes detentan el poder económico-político de que es de su interés tener un país en paz y estabilidad social, que garantice la estabilidad económica y política imperfectamente lograda en los últimos veinte años.
Por tanto, más que un pseudo-Frente Amplio por La Democracia, Panamá requiere de una revolución silenciosa y pacífica, que desmantele de común acuerdo las bases del orden cuasi-feudal de las cosas, sin mediación de un gobierno mesiánico, creando así una ‘sociedad de bienestar’.
Primero: se debe atacar la desigualdad económica y social de raíz, estableciendo un régimen laboral y gerencial meritocrático en el sector privado mediante acuerdos obrero-profesionales-patronales fijando un escalafón salarial nacional por clase de ocupación, antigüedad y productividad, además de promover y contratar personal sin discriminación alguna (como en la ACP), permitiendo así una mayor movilidad social.
Segundo: una junta obrero-patronal debería establecer un régimen de protección social mediante contribuciones de ambos, permitiendo a los trabajadores tener un seguro contra despido que le dé la tranquilidad de educarse, actualizarse, capacitarse o reentrenarse para reinsertarse.
Tercero: es urgente la diversificación económica, reduciendo la inversión en bienes raíces y servicios y apoyando inversiones más duraderas en el agro y la industria, que genera empleos de calidad y en mayor cantidad, aunque no genere ganancias inmediatas.
¿Qué ganan los empresarios de este sacrificio? Reduciendo la desigualdad socioeconómica, se obtienen trabajadores más productivos, y contentos con su empresa, generando mayores ganancias. Con la reducción real de la pobreza, el consumo aumenta y con la industrialización; y la tecnificación del agro, las nuevas capacidades intelectuales y tecnológicas desarrolladas crean nuevas oportunidades de negocios con valor agregado.
Con una sociedad de bienestar se reduce la delincuencia y la corrupción, por tanto, se atraen mayores inversiones, se retiene el talento nacional y se libera a la población de los favores y las dádivas políticas, desarticulando el clientelismo, sostén del actual régimen autocrático. De lograrse esto podemos pasar a un acuerdo político que le quite todo apoyo a los políticos que hayan demostrado incompetencia y falta de principios éticos y brindárselo a todo grupo que se organice y cree instituciones serias que alimenten su propuesta política y sienten las bases de una administración pública tecnocrática y meritocrática. Una vez tengamos estas bases en pie, entonces podremos construir un nuevo orden constitucional y una nueva república.
¿Y usted, qué piensa?
LICENCIADO EN ARQUITECTURA. (Y Master en Urbanizacion y Desarrollo Internacional)
P.D: No se olviden de visitar mi pagina en Facebook Carlos Antonio Solis Tejada y darle “like” o “me gusta”! https://www.facebook.com/pages/Carlos-Antonio-Solis-Tejada/341791365850584
RPM/RFM Revoluciones Para la Mente 